PROPUESTAS

  1. Educación:

 La educación es la clave del éxito para cualquier ser humano y por eso la mejora en la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes será una prioridad durante mi gestión. Dar seguimiento y cumplimiento al ya consensuado y estudiado Compromiso Nacional por la Educación, pero además haciendo énfasis en  las siguientes reformas:

  • Lograr una reforma a la Ley Orgánica de Educación con miras a mejorar las vetustas instituciones y metodologías en ella contenidas, con el fin de modernizar y mejorar el funcionamiento de las instituciones que rigen la educación.
  • Asegurar que los planes académicos y las mallas curriculares cumplan con los estándares mínimos internacionales luego de una detallada revisión de las materias y sus respectivos contenidos, buscando asegurar que en las aulas de clases se potencie las destrezas individuales de cada estudiante por área de capacidad, dejando atrás el esquema de que todos debemos aprender a la misma velocidad, las mismas cosas.
  • Con el apoyo de expertos en nutrición, promover la implementación mediante ley de un Programa de Nutrición Escolar que asegure que todos los estudiantes tanto de colegios públicos como particulares, tengan una alimentación sana y que la misma sea catalizador del aprendizaje en el centro. La nutrición de un menor es parte fundamental de su desarrollo cognitivo por lo que este tema será una principal prioridad de la reforma educativa.
  • Perseguir el robustecimiento de los Gabinetes Psicopedagógicos para que, desde las escuelas, se pueda garantizar la calidad de vida de los estudiantes panameños. Así mismo, asignar planes de seguimiento que busquen evitar la deserción escolar y captar a los estudiantes que han desertado para incluirlos en el sistema educativo nuevamente.
  • Edificar la Carrera Docente para permitir a los educadores crecer con base a méritos, experiencia, y conocimientos en el escalafón del MEDUCA. Asegurar que la educación sea una profesión respetada y bien pagada, en donde todo el salario de un docente sea una justa inversión en calidad educativa para nuestros niños adolescentes y jóvenes.
  • Apoyar mediante iniciativas legislativas, el fortalecimiento de las nuevas oportunidades educativas que provienen del INADEH y del ITSE para que todas las personas tengan una preparación educativa que les permita llevar sustento a su hogar de manera noble y con trabajo duro.

2. Seguridad:

 En materia de seguridad, buscaremos que la criminalidad a nivel nacional, pero sobretodo en nuestro distrito de San Miguelito, disminuya considerablemente mediante la legislación en materia de criminología, ya que solamente con información certera se puede conocer a ciencia cierta el problema que enfrentamos y así darle soluciones acertadas.

  • Utilizar diversos estudios criminológicos con el apoyo del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, para que de la mano con ellos se desarrolle una legislación criminal elaborada por expertos en la materia, que busque la prevención y no la represión del delito.
  • Institucionalizar el sistema de video vigilancia en aquellos municipios donde la criminalidad ascienda a estadísticas alarmantes.
  • En materia de seguridad y volviendo a los enfoques criminológicos, buscar y asegurar la resocialización de los privados y privadas de libertad mediante el funcionamiento adecuado de los centros de detención y el sistema progresivo técnico del Sistema Penitenciario. En Panamá no existe la pena de muerte, por lo que un gran número de privados volverán a la sociedad tarde o temprano. Es vital que el Estado actúe con visión y asegure que ese individuo sea la mejor versión de si mismo.
  • Regular la creación de espacios públicos en corregimientos donde estos no existan. Lo anterior para asegurar el esparcimiento y vinculación de la comunidad a sus áreas comunes creando un ambiente sano que prevenga el delito.
  • Analizar las actuales penas de prisión y su aplicación para determinar la actualización de los Códigos nacionales y que los mismos vayan acorde con la realidad social que vive el país.
  • Promover la inclusión en la Ley de Contrataciones Públicas, normas que obliguen a las empresas contratistas a vincular a las comunidades y sus residentes en los trabajos en cuestión. El trabajo dignifica y brindándoles un trabajo digno a los residentes de las comunidades se asegura el compromiso con el proyecto y un doble aprovechamiento de la inversión estatal.
  1. Institucionalidad, Participación Ciudadana y Lucha contra la Corrupción:

 La institucionalidad de las instituciones democráticas es la única salida real para los problemas que hoy enfrenta nuestro país. La grave crisis institucional dejada por el paso de gobiernos autoritarios y poco respetuosos del Estado de Derecho, solo puede ser resuelta mediante el empoderamiento de dichas instituciones y de la vinculación de los ciudadanos a través de la participación ciudadana efectiva para fiscalizar a sus gobiernos locales, así como al gobierno central.

  • Comprometidos con un cambio de instituciones que garantice la renovación real del Estado Panameño, apoyar una propuesta de Asamblea Constituyente Paralela.
  • Siendo cónsonos con lo que hemos planteado, y convencido que la búsqueda por reelección actualmente entorpece la función legislativa del Diputado, asegurar desde el momento de mi postulación no postularme a reelección inmediata.
  • Desde el rol de fiscalizadores del Presupuesto General del Estado, luchar para asegurar que las instituciones gocen del presupuesto justo que merecen y de la mano de esto que lo ejecuten de la manera más eficiente y transparente posible, en beneficio de los panameños y panameñas más necesitados.
  • Incluir una norma que permita citar al Presidente de la República, al menos una vez por legislatura, a rendir cuentas personalmente ante el Pleno de la Asamblea por la ejecución del presupuesto y el Plan de Gobierno. En una sesión donde se le pueda cuestionar, aportar y comentar sobre los temas a tratar.
  • Fortalecer la ley de Carrera Judicial para que su implementación sea eficiente, permitiendo así al Órgano Judicial depurar su estructura de los operadores de justicia que llevan años lucrando ilegítimamente del sistema y no brindando justicia social a los ciudadanos panameños.
  • Fortalecer la Carrera Administrativa, eliminando las “botellas” y dando paso a un sistema basado en el mérito, la experiencia y la trayectoria al servicio del país, en donde los mejores, sin importar su afiliación partidista, lleven adelante la administración seria del Estado panameño.
  • Mejorar y actualizar las leyes que tratan de la transparencia y el derecho al acceso a la información pública, para asegurar que todos los ciudadanos puedan obtener la información que merecen por su derecho humano.
  • Mediante la implementación de mayor participación ciudadana, inquirir la capacitación del ciudadano para luego empoderarlo con mayor autoridad de decisión sobre presupuestos participativos locales y la vinculación de éstos en la toma de decisiones.
  • Empoderar al ciudadano y a los gobiernos locales (Juntas Comunales y Municipios) para que en conjunto elaboren y ejecuten los presupuestos estatales. Dotar a los gobiernos locales de mayores competencias (Ornato, Recolección de la Basura, respuestas inmediatas a reparaciones sencillas y concretas) y a la vez de mayor presupuesto para estas funciones. Sin embargo, dicho presupuesto deberá ser escrutado y auditado por ciudadanos de la comunidad, sin afiliación política, para asegurar el debido uso de los mismos.
  1. Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional:

Hoy por hoy ya existe un documento, que es Ley de la República, que regula el funcionamiento en todas sus partes del llamado 1er Órgano del Estado. Si bien es cierto que gran parte de los escándalos que hoy enfocan a la Asamblea no son exclusivos de este Órgano, lo cierto es que de momento la leyes de la Asamblea Nacional han permitido y hasta promovido, las conductas opacas, injustificables y vergonzosas de muchos Diputados y Diputadas a lo largo de las décadas. Para enrumbar la situación del Parlamento Panameño yo propongo:

  • Trabajar con las reformas ya presentadas por mi persona para establecer un voto transparente y público en todo momento durante las sesiones plenarias y en las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional. Eliminando el llamado voto ordinario (golpe de mesa) y estableciendo únicamente el voto nominal (llamado a lista) o el voto electrónico, que permita un reflejo inmediato y claro del voto de cada Diputado y Diputada en el Acta pública de cada sesión.
  • Establecer que el salario del Diputado sea relativo a la cantidad de votaciones en las que ha debido participar como miembro de Comisiones Permanentes y del propio Pleno para que por cada ausencia se le descuente un porcentaje del salario.
  • Establecer un proceso de rendición de cuentas obligatoria en donde el Diputado y Diputada deba regresar a su Circuito, y todos sus corregimientos por individual, a presentar un informe de su personal, sus asistencias, su participación en Comisiones y el Pleno, sus proyectos de ley, anteproyectos de ley y modificaciones presentadas a proyectos de ley en 1er, 2do y 3er debate.
  • Elaborar un calendario en ley para el trabajo en Comisiones Permanentes dando orden y estabilidad al mismo para asegurar no solo que los Diputados y Diputadas tengan horarios fijos de trabajo, sino también la publicidad de estas sesiones. Haciendo cumplir además el artículo que hoy establece que cada Comisión Permanente deberá reunirse de manera obligatoria al menos una vez por semana.
  • Revisar las competencias de cada una de las Comisiones Permanentes permitiendo el debido desarrollo de las mismas asegurando así que no exista desigualdad en la carga laboral de unas con otras.
  • Fijar tiempos específicos y prudentes para la elección de los miembros de Comisiones Permanentes al inicio de cada periodo legislativo para evitar que se malgaste tiempo en negociaciones políticas luego del inicio de cada legislatura.
  • Modificar el artículo 81 del Reglamento para establecer la publicidad obligatoria de todas las sesiones de la Asamblea Nacional.
  • Regular el cabildeo dentro de la Asamblea Nacional, y crear un sistema de registro de regalos a los Diputados y Diputadas.
  • Establecer al inicio de cada periodo constitucional, una norma de conflictos de interés en donde quede por sentado y de manera pública las relaciones familiares, personales, profesionales y comerciales de todos los Diputados y Diputadas.
  • Ampliar la participación ciudadana mediante la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana en torno a las iniciativas ciudadanas y al programa de Asambleas Juveniles.
  • Obligar a la Secretaría General de la Asamblea Nacional a mantener un registro público, digital y actualizado de todos los expedientes legislativos (anteproyectos de ley, proyectos de ley, y leyes aprobadas pero vetadas por el Ejecutivo) en donde se pueda visualizar el estado de cada uno y entender las modificaciones que ha sufrido cada proyecto desde su presentación al Hemiciclo.
  • Eliminar el artículo 230 del Reglamento de la Asamblea y terminar con los beneficios innecesarios e injustificables para los Diputados y Diputadas.
  • Regular la contratación de personal calificado por parte de los Diputados y Diputadas de manera que se realice siempre de manera transparente (saber a quien contrata cada Diputado), publicando las generales completas, el salario, y su labor dentro de la Asamblea.
  1. Salud Pública y Ambiente:

 Uno de los problemas más importantes del distrito de San Miguelito es el de la recolección de la basura que estriba en problemas no solo de salud pública, sino también de criminalidad y ambiente. Por otro lado la baja calidad de servicios públicos mínimos, así como la deficiencia en cuanto a la atención por parte de las autoridades de salud, ha repercutido por décadas en la salud de los panameños.

  • Proponer y promover la reforma integral de la Ley de la Caja del Seguro Social que es necesaria para asegurar la seguridad social y jubilación de miles de panameños que actualmente y debido al colapso del Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte no tienen seguridad certera de contar con su justa compensación.
  • Mediante la adecuación de la legislación de servicios públicos y de distribución de los desechos, buscar que no solamente se fomente la normativa en materia de reciclaje, sino que se asegure que los desechos sean manejados de la manera más eficiente tanto para el Estado como para el ciudadano.
  • Proveer al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social de una legislación prudente en materia de compra de medicamentos que elimine los altísimos costos a los que se ve sometido el pueblo panameño a la hora de comprar medicamentos de todas las clases. Esto mediante una reforma importante a la Ley de Contrataciones Públicas que permita y promueva la compra de medicamentos sin intermediarios.
  • Promover reformas a la legislación en materia penal para aquellas personas que disponen incorrectamente de sus desechos, considerando las graves consecuencias de estos actos. De igual forma buscaremos que las sanciones administrativas existentes sean ejemplares y aplicadas con severidad.
  • Dotaremos a las Juntas Comunales y Municipios de los fondos mediante reformas a la Ley de Descentralización para que lleven a cabo actividades con los adultos mayores de nuestras comunidades. Estos ciudadanos con experiencias vividas pueden ser parte integral de centros comunitarios en donde brinden o reciban cursos de diversas materias.
  • Impulsaremos el marco jurídico necesario que permita el desarrollo, implementación y puesta en marcha de un proyecto de reciclaje que permita la disposición final de los vehículos chatarra, o declarados en estado de abandono de manera tal que los propietarios o intermediarios encuentren la vía favorable para su descarte cumpliendo con sus obligaciones, eliminando así focos de contaminación, obstrucción de calles, aceras, y contaminación de lotes baldíos.
  1. Urbanismo:

El creciente problema de distribución de agua, movilidad urbana, recolección de los desechos y calidad de vida multifuncional, hace importante que se resuelvan estas situaciones en un Distrito que surgió sin mayor planificación urbana como San Miguelito. Las zonas residenciales que han sido construidas desde hace algunos años para acá, han representado la inversión de una vida para miles de familias que ahora temen a la comercialización exagerada de áreas residenciales y tranquilas. Este problema no solo está tocando a San Miguelito, sino que promete ser pronto una situación de interés nacional. Para esto propongo:

  • Modificar la Ley 6 de 2006, Ley de Urbanismo, para establecer controles claros y mas rigurosos en la manera en la que se efectúan los cambios de zonificación. Asegurando la participación directa y formal de la ciudadanía en todo el proceso y no solamente limitada a 2 votos.
  • Incluir como solidariamente responsables a las entidades bancarias que financian esta clase de proyectos y que éstas deben ser garantes que las inmobiliarias que pretendan hacer cambios de zonificación cumplan con los compromisos que la ley determine.
  • Establecer criterios mínimos y objetivos en la ley para poder realizar cambios a la zonificación de áreas que hasta el momento sean residenciales. No es viable ni prudente rechazar la evolución de los espacios y su modernización, pero el “desarrollo económico” no puede producirse cuando la calidad de vida de las personas que hoy forman parte de una comunidad se ve perjudicada directamente.
  1. Cultura y Deporte: 

El ocio de la comunidad en general, pero sobretodo de los jóvenes, es uno de los catalizadores de la delincuencia en nuestro Distrito. Es por esto que la inversión estatal debe estar dirigida a brindar oportunidades culturales y deportivas a la juventud afín con estas áreas. La cultura y el deporte son medidores certeros del desarrollo humano de un país. Ambos sectores han sido olvidados y sometidos a poco planeamiento e interés de parte del Gobierno Central. Legislación que apoye planes deportivos y culturales en todas las comunidades para asegurar que nuestros semilleros puedan trabajar sus capacidades, es urgente en nuestro Distrito y nuestro país.

  • Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas que el presupuesto para las instituciones como INAC y PANDEPORTES responda a estudios sociológicos que aseguren que la inversión sea eficiente y productiva a las comunidades en riesgo social.
  • Mediante legislación en temas de juventud, asegurar que los Municipios más desarrollados del país cuenten con una Secretaría de Juventud que tengan funciones específicas contenidas en la ley. Estas Secretarías serían las encargadas de involucrar a la población juvenil con los planes educativos, culturales y deportivos de los distintos municipios, buscando que las oportunidades de superación lleguen a todos.
  • Elaborar de la mano de PANDEPORTES planes deportivos para el uso de las facilidades deportivas comunales durante todo el año para evitar que las mismas pasen a ser dominadas por pandillas y así se aproveche al máximo la inversión.
  • Modificar la legislación concerniente a las Federaciones y Asociaciones deportivas para limitar la participación de políticos y funcionarios.
  • Invitar al Ministerio de Desarrollo Social a elaborar planes de inversión en la juventud mediante la institucionalización de organizaciones juveniles buscando empoderar a la juventud en los temas afines y que los mismos colaboren con el mejoramiento y desarrollo de las comunas.
  1. Inclusión:

Las personas con condición de discapacidad han sido dejadas atrás por un sin número de gobiernos que no han logrado su debido desarrollo humano a falta de una política real de inclusión, de manera que son un grupo vulnerable, no solo estigmatizado por su situación específica, sino también se ven re victimizados por una sociedad y un Estado que no garantiza su inclusión en igualdad de condiciones a la vida en sociedad. Empezar a construir políticas públicas con la participación activa de ellos, que son los principales actores, y nunca dejándolos de lado, incluyendo, pero no limitándonos a las siguientes propuestas:

  • Encontrar los mecanismos legales para asegurar que las instituciones de obras públicas y los diversos contratistas cumplan con la normativa en materia de inclusión para rescatar los espacios públicos para las personas con capacidades especiales.
  • Unificar en un Texto Único mediante la legislación, la normativa que rige hoy en día a las personas con discapacidad y establecer un tiempo justo para que el Ejecutivo, sin tardanzas, reglamente dicha legislación.
  • Dejar atrás la separación de esfuerzos (IPHE-MEDUCA) y contar con un sistema educativo único que integre las competencias, experiencias, conocimientos y recurso humano de ambas instituciones.
  • Establecer mediante ley la obligación estatal de realizar Censos a las personas con discapacidad en el tiempo y forma que dictaminen los procesos internacionales, para que con dicha información se pueda establecer una política pública para las personas con discapacidad cónsona con las realidad y necesidades de cada grupo. 
  • Fortalecer a la Secretaría Nacional de la Discapacidad para que pueda sancionar esas faltas a las normas elaboradas para la protección de los derechos de las personas con capacidades especiales como por ejemplo a acceder a cualquier establecimiento, disfrutar de servicios de televisión, etc.